La Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas participó en los trabajos de organizaciones civiles y campesinas para presentar ante el siguiente Congreso y Ejecutivo Federal la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que daría fin a la amenaza de privatización y explotación irracional del agua para dar prioridad al consumo humano.
En conferencia ante la prensa nacional el día de ayer domingo 12 la agrupación nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida” que aglutina a 80 organizaciones de todo el país incluida la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas que preside Ricardo Cruz Haro presentó la propuesta de dicha que ley que busca la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos, así como la restauración de cuencas y aguas subterráneas, y brindar el acceso equitativo del agua para uso personal y soberanía alimentaria.
La conferencia se celebró a la conclusión de los trabajos que duraron dos días del Taller Nacional de Promotores de Consejos de Aguas y Cuencas celebrado en el parque ecoturístico de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Estado de México, con la asistencia de más de 150 integrantes de asociaciones civiles y organizaciones de pueblos y comunidades indígenas, teniendo como principal organizador a la luchadora social Elena Burnst.
El licenciado Ricardo Alberto Cruz Haro, manifestó que el principal problema es que el agua se maneja como un objeto de venta y no como un derecho fundamental. “los derechos fundamentales van más allá de los derechos humanos, porque son los que requiere la sociedad para subsistir, entre ellos está el acceso sano, saludable y suficiente al agua”.
Agregó que el objetivo debe ser el acceso al agua, que se desetiquete el precio del agua, el agua debe ser pagada, pero para efecto de que las operadoras tengan el recurso suficiente para llevar a cada uno de los hogares de los mexicanos”.
La iniciativa ciudadana propone una modificación al diseño de administración, para transformar a la actual Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, dividido a su vez en 28 Consejos de Aguas y Cuencas Regionales. El organismo abarcaría todo el territorio nacional y con esta propuesta los destinos del agua serian decididos por los ciudadanos y no por la autoridad.
Los Consejos aprobarían y ejecutarían planes rectores para definir las obras hídricas requeridas y las áreas de importancia que deban ser protegidas. Además, reconocerían los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de su territorio y asignarían los volúmenes requeridos para uso personal y servicios públicos otorgando concesiones renovables para diferentes fines.
La ICLGA sería presentada a la próxima legislatura para que el Congreso de la Unión, la analice y en caso la apruebe. Durante la conferencia, representantes de distintas asambleas sociales del país expusieron las problemáticas regionales que afectan a las poblaciones en materia del agua, como Julián López, representante del pueblo indígena nayarita, Gonzalo Moreno presidente de bienes comunales de la comunidad indígena Cucapá de Baja California, Rosa Esther Peña de la Organización Campesina Indígena de la Huasteca Potosina quien destacó el trabajo de defensa de los pueblos originarios en la entidad para evitar que se aprueben prácticas como el “fracking”, que desgasten los recursos naturales.
Asimismo Julio César Cervantes, representante de la Central Campesina Cardenista, quien presentó 36 amparos contra el levantamiento de vedas a cuencas, Oscar Monroy Hermosillo, ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente de la comisión de cuenca de los ríos Amecameca y la Compañía, entre otros.