El acuerdo se tomó en la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, con la finalidad de que el centro cuente con instalaciones adecuadas
Con la finalidad de mejorar las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) en beneficio de la sociedad neolaredense, síndicos y regidores aprobaron la donación del terreno donde opera este centro a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Dorina Lozano Coronado, primer síndica presentó el punto de acuerdo en la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, pues el centro contará con instalaciones adecuadas para el fortalecimiento de los vínculos sociales y afectivos de las familias.
“Los matrimonios que tienen hijos y pasan por un proceso de divorcio, se citan en este centro para que puedan convivir con sus hijos. La intención del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es invertir para mejorar las instalaciones y generar un ambiente más cómodo y familiar”, comentó.
El terreno municipal cuenta con una superficie de cinco mil metros cuadrados y se localiza en el Parque Industrial ‘Octaviano Librado Longoria’, en la colonia La Fe.
Explicó que este predio fue donado en la administración 2002-2004 a la Procuraduría General de la República, y fue derogado en el 2012.
“Por los cambios de gobierno se agotaron los tiempos y no lograron aplicar los recursos, entonces se ratificó la revocación del contrato en 2018 para que volviera a la propiedad municipal, así poderlo donar al Estado para que pueda invertir y tenerlo en mejores condiciones”, dijo.
Los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta, pues esta administración actúa conforme a derecho al dar certeza jurídica a los bienes en los que interviene.
Además, el CECOFAM presta un importante servicio a los padres que se encuentran en un litigio de divorcio o custodia, al ser un espacio neutral que permite una sana convivencia entre el progenitor no custodio y los hijos menores, a fin de coadyuvar en la generación y fortalecimiento de los lazos afectivos y de confianza entre ellos. El punto de acuerdo será remitido al Congreso del Estado para su autorización correspondiente.
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